Por Carlos Hartig.
En un acto que desafía los principios elementales de la laicidad estatal y la ética gubernamental, se han filtrado imágenes que revelan la existencia de un altar dedicado a la Santa Muerte dentro de la oficina de Padrón y Licencias del Ayuntamiento. El despacho, presuntamente a cargo de Luis Omar Castellanos Valadez, se ha transformado en un santuario particular donde veladoras, cráneos y botellas de tequila coexisten con documentos oficiales y nombramientos públicos. Esta exhibición de culto privado en un recinto de gobierno no es solo una excentricidad personal; representa una grave transgresión a la neutralidad que todo servidor público debe garantizar, desdibujando la frontera entre las creencias místicas individuales y la responsabilidad de administrar bienes que pertenecen a toda la ciudadanía.
La presencia de esta parafernalia religiosa en un espacio de atención pública constituye una clara violación al Código de Ética y Conducta de Nayarit, el cual exige a los funcionarios actuar bajo principios de imparcialidad y objetividad. Al convertir una dependencia oficial en una extensión de su credo, el titular de la oficina no solo vulnera la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sino que impone un ambiente de culto en un área que, por ley, debe permanecer ajena a cualquier manifestación teológica. El uso de mobiliario público para sostener ofrendas es, en términos estrictos, un uso inadecuado del patrimonio estatal que amerita una revisión inmediata por parte de los órganos de control interno.
El debate generado entre los trabajadores del Ayuntamiento y la población no se centra en la libertad de culto —derecho constitucionalmente protegido en el ámbito privado—, sino en el abuso de poder que significa colonizar con símbolos religiosos un espacio institucional. Resulta alarmante que, en una oficina encargada de la fiscalización y la legalidad, se prioricen prácticas que evocan el fanatismo por encima del respeto al carácter secular del Estado. La sociedad de Bahía de Banderas exige saber si sus impuestos están financiando oficinas para la gestión pública o si las dependencias municipales se han convertido en capillas personales para el misticismo privado de quienes deberían servir al pueblo sin sesgos ideológicos.
Ante este escándalo, el silencio de la administración municipal resulta cómplice. Es imperativo que la Contraloría Municipal y las autoridades correspondientes determinen las sanciones pertinentes por esta afrenta a la imparcialidad institucional. Permitir que los despachos gubernamentales se llenen de cráneos y veladoras sienta un precedente peligroso donde cualquier funcionario podría sentir el derecho de imponer su cosmovisión sobre los ciudadanos. La función pública no es un altar de sacrificios ni un oratorio personal; es un espacio de servicio laico, profesional y estrictamente apegado al derecho, valores que hoy parecen haber sido olvidados bajo el humo de las veladoras en la oficina de Fiscalización.
